El monto ascendía a 151 mi millones de pesos y gobernador santafesino, Omar Perotti expresó su satisfacción por "un proceso que concluye desde lo formal en todo el procedimiento y en la ratificación de todo lo actuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
La Corte Suprema de Justicia de la Nación homologó el acuerdo que alcanzaron en junio el Gobierno nacional y su par de Santa Fe por una deuda generada por descuentos en concepto de coparticipación, que asciende a 151 mil millones de pesos, con lo cual quedó ratificada su legalidad, informó hoy el Ejecutivo santafesino.
El gobernador Omar Perotti expresó su satisfacción por “un proceso que concluye desde lo formal en todo el procedimiento y en la ratificación de todo lo actuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: sentencia, cumplimiento de sentencia, aprobada y homologada por la Corte“.
En ese sentido, el mandatario provincial dijo que ahora “entran a correr formalmente los 30 días para las entregas de los títulos a la provincia por parte de la Nación”.
Además, señaló que “hay que hacer una utilización que nos permita priorizar adecuadamente esta inversión en todo el territorio de la provincia de Santa Fe”.
“Estuvimos trabajando con el Ministerio de Economía para ir generando el proceso que nos permita empezar a recibir esos títulos, que van a estar destinados a infraestructura y equipamiento, es lo que ya está establecido formalmente”, añadió.
Del total que recibirá la provincia, el 13% va a ser entregado a los municipios y comunas en concepto de porcentajes de coparticipación y que llega a unos 18 mil millones de pesos.
Por su parte, el ministro de Economía, Walter Agosto, consideró que “la homologación de la Corte significa, ni más ni menos, que se ratifica plenamente la legalidad de ese acuerdo que se había firmado entre Nación y Provincia”.
“Hay que tener en cuenta que los títulos públicos que va a recibir la provincia de Santa Fe se ajustan por CER, de manera tal que en el transcurso del tiempo, el monto mencionado va a tener un ajuste adicional que dependerá de lo que ocurra con el índice de inflación”, explicó el funcionario.
Agosto remarcó que “es un paso más en este proceso largo y complejo”, pues “desde el momento que se presentó la demanda hasta la fecha han transcurrido 13 años”.
La Legislatura provincial resolvió que los recursos que se percibirán en pago de la deuda serán asignados a la ejecución de inversión pública, que puede ser obra pública o la adquisición de equipamiento y eventualmente para cancelar deuda que hubiera sido tomada para financiar gastos de capital.